Contraloría ordenó una investigación administrativa tras una denuncia que apunta a una eventual participación de funcionarios municipales en la elaboración del recurso judicial presentado por organizaciones ambientales contra el proyecto inmobiliario. Mientras la Corte resolverá el conflicto urbanístico, ahora también se investigará una posible vulneración al principio de probidad administrativa.
Por Elizabeth Vergara Carrasco
La controversia por el proyecto inmobiliario Makroceano, emplazado en el borde costero de Reñaca, acaba de sumar un nuevo y delicado capítulo.
Lo que hasta ahora era una disputa sobre normas urbanísticas y permisos de edificación pasó a transformarse también en una investigación sobre la actuación de funcionarios públicos.
La Contraloría Regional de Valparaíso instruyó a la Municipalidad de Viña del Mar iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, luego de analizar antecedentes presentados por la inmobiliaria Makroceano S.A., que cuestionan el origen del reclamo judicial presentado por organizaciones ambientalistas contra la Resolución Exenta N.º 163 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI MINVU).
La decisión del organismo fiscalizador no resuelve la controversia urbanística ni se pronuncia sobre la legalidad del proyecto inmobiliario. Sin embargo, abre una nueva línea de investigación que pone bajo escrutinio el actuar interno de la Municipalidad de Viña del Mar.
El origen del conflicto
La disputa comenzó luego que la SEREMI de Vivienda acogiera el reclamo administrativo presentado por Makroceano S.A., representada por Raphael Patrick Wolfgang Huppertz, dejando sin efecto el rechazo emitido por la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar respecto de un anteproyecto de edificación para el inmueble ubicado en Avenida Borgoño N.º 20.290.
Mediante la Resolución Exenta N.º 163, la SEREMI concluyó que el anteproyecto cumplía las normas urbanísticas e instruyó a la Dirección de Obras aprobar la solicitud correspondiente.
Esa decisión fue posteriormente impugnada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por tres organizaciones ciudadanas: la Corporación Ambiental y Cultural La Boca del Aconcagua, representada por Ilen Carolina Sáez Larravide; Patrimonio Vivo Costa, representada por Fabiola Ruiz Contreras; y Ecoruta Vecinal Cultura Medioambiental, presidida por Claudia Jofré Troncoso.
Las organizaciones sostienen que la SEREMI realizó una interpretación incorrecta de la Circular DDU 57 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo al permitir la aprobación de un nuevo anteproyecto sobre un predio donde ya existía un permiso de edificación con obras iniciadas.
Por el contrario, Makroceano sostiene que la legislación urbanística vigente y las circulares ministeriales permiten esa actuación y que la SEREMI actuó dentro de las facultades que le entrega la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Será la Corte de Apelaciones quien deba resolver esa controversia.
El giro inesperado
Pero mientras el proceso avanzaba, la inmobiliaria incorporó un nuevo antecedente.
A través de sus abogados Rodrigo Andreucci Aguilera y posteriormente Jaime Esteban Piña Alvear, la empresa cuestionó el origen del reclamo judicial presentado por las organizaciones ambientales.
Según la presentación acompañada a la causa, al revisar las propiedades digitales del documento ingresado a la Oficina Judicial Virtual, el archivo identifica como autora a «María José Corvalán – SECPLA», abogada de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Viña del Mar.
La presentación agrega que dicha profesional es cónyuge del director de Asesoría Jurídica del municipio, Felipe Cornejo González, quien posteriormente compareció representando judicialmente a la Municipalidad dentro del mismo proceso.
Asimismo, la empresa sostiene que el documento fue creado durante la jornada laboral del 20 de marzo de 2026 y presentado ante la Corte menos de una hora después, circunstancia que motivó la denuncia por una eventual utilización de recursos públicos para fines ajenos a la función institucional.
Lo que dijo Contraloría
La Contraloría Regional de Valparaíso revisó exclusivamente esa denuncia.
En su resolución señala que, al examinar las propiedades del documento judicial, efectivamente aparece registrado como autor «María José Corvalán – SECPLA» y agrega que el municipio reconoció la existencia de una cuenta de usuario asociada a dicha funcionaria.
Frente a esos antecedentes, instruyó a la Municipalidad de Viña del Mar iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
El organismo fundamentó su decisión en las normas sobre probidad administrativa contenidas en la Ley N.º 18.575, que prohíben utilizar recursos públicos para fines ajenos al servicio y establecen el deber de abstención cuando puedan existir conflictos de interés.
Lo que aún debe aclararse
Es importante precisar que la Contraloría no estableció responsabilidades.
Tampoco concluyó que existiera una actuación irregular.
Su resolución únicamente ordena abrir un procedimiento disciplinario para esclarecer los hechos denunciados y determinar si existieron infracciones administrativas.
Del mismo modo, la legalidad del proyecto inmobiliario continúa pendiente de resolución ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, proceso en el cual las organizaciones ambientales y la inmobiliaria mantienen posiciones completamente contrapuestas respecto de la interpretación de la normativa urbanística.
El desafío para las instituciones
Este caso ya trasciende el futuro del proyecto Makroceano.
Hoy también pone a prueba la capacidad de las instituciones públicas para actuar con transparencia y responder cuando surgen antecedentes que podrían comprometer la confianza ciudadana.
La investigación administrativa deberá establecer si existió o no participación de funcionarios municipales en la elaboración de un recurso judicial promovido por particulares y si ello se realizó utilizando recursos institucionales.
Mientras tanto, será la Corte de Apelaciones la que determine si la resolución de la SEREMI de Vivienda se ajustó o no a derecho.
Son dos investigaciones distintas, pero ambas tienen un elemento común: la necesidad de que las decisiones públicas se adopten con estricto apego a la ley y bajo los principios de transparencia, imparcialidad y probidad que exige la administración del Estado.