Una búsqueda de agua reveló un cultivo de cannabis y muchas preguntas sobre el Deber de Denunciar de la alcaldesa de La Cruz.
Por-. Elizabeth Vergara Carrasco.
Una inspección municipal destinada a identificar pozos de agua cambió de rumbo tras un hallazgo inesperado. Audios y documentos reconstruyen cómo evolucionó la conversación entre un funcionario de la municipalidad de La Curz y la Primera Autoridad comunal. Mientras el caso abre interrogantes sobre el deber de denuncia que la legislación chilena establece para determinados funcionarios públicos.
Toda función pública está regida por procedimientos. Sin embargo, existen situaciones en que un procedimiento originalmente administrativo puede verse alterado por un hecho inesperado que obliga a considerar otros marcos normativos. Esa es la tensión que reflejan las conversaciones analizadas en esta investigación. Dos audios, uno corresponde a una llamada telefónica y el otro a una conversación que se extendió por casi una hora al interior del municipio de La Cruz, junto a un set de fotografías que habrían sido captadas por un dron municipal.
Los registros permiten reconstruir una secuencia relativamente clara. A finales de febrero, un funcionario realiza un levantamiento destinado a identificar pozos de agua. Para ello recorre el sector y utiliza un dron como herramienta de apoyo para georreferenciar el terreno. Durante ese trabajo observa un cultivo de cannabis, obtiene registros fotográficos y esas imágenes fueron remitidas a la autoridad, sin embargo, no habría ninguna denuncia formal sobre los hechos. 
Letra C solicitó información por transparencia, pero hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta. También se envió un cuestionario de preguntas a la alcaldesa Filomena Navia para que pudiese dar su versión de los hechos, pero al cierre de esta nota no respondió nuestros requerimientos.
Un dron en el camino
Las imágenes que capta con el dron son enviadas a su superior. Luego de enviar las fotos recibe una llamada telefónica de la alcaldesa, la discusión deja de centrarse exclusivamente en la ubicación de los pozos y se traslada al procedimiento utilizado para desarrollar el levantamiento. Posteriormente, durante una reunión presencial, el funcionario vuelve a explicar el recorrido efectuado, el uso del dron y el hallazgo producido durante la inspección. También plantea una dificultad práctica: uno de los pozos que debía evaluar se encuentra dentro del mismo predio donde observó el cultivo.
En esa misma conversación aparecen instrucciones relacionadas con el tratamiento del hallazgo, mientras la autoridad explica que su prioridad es continuar con el proyecto de abastecimiento de agua y la planificación de las intervenciones en el sector. La reunión concluye retomando materias administrativas vinculadas a la organización del trabajo municipal. Es precisamente en ese punto donde el análisis deja de ser únicamente cronológico y se conecta con el marco jurídico.
La Ley N.º 20.000 regula los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Sin embargo, el deber de denunciar que puede recaer sobre determinados funcionarios públicos no nace de esa ley, sino principalmente del Código Procesal Penal, que establece la obligación de denuncia para ciertas autoridades y funcionarios cuando, en el ejercicio de sus funciones, toman conocimiento de hechos que puedan revestir caracteres de delito. Esa denuncia tiene por finalidad poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público o de la policía competente para que sean esas instituciones las que determinen si existe o no un hecho constitutivo de delito y adopten las diligencias correspondientes.
Desde esa perspectiva, los audios permiten observar cómo un hallazgo incidental modifica el contexto de una inspección originalmente destinada a un objetivo distinto. La conversación deja de concentrarse exclusivamente en aspectos técnicos —ubicación de pozos, georreferenciación, planificación del sistema hídrico— y pasa a incorporar un segundo plano de discusión: cuál debía ser el tratamiento institucional del hallazgo comunicado por el funcionario.
Si bien, las conversaciones también aportan antecedentes sobre el contexto laboral en que se desarrollan los hechos. El funcionario expresa haber pasado por distintas jefaturas, recibir instrucciones diferentes y haber tenido dificultades para identificar con claridad sus funciones dentro de la organización municipal. La autoridad responde explicando su visión sobre el trabajo de un funcionario a contrata y formaliza nuevas responsabilidades dentro de la estructura administrativa.
Así las cosas, desde un punto de vista analítico, el caso presenta al menos dos dimensiones distintas. La primera corresponde a la reconstrucción objetiva de un procedimiento administrativo que deriva en un hallazgo no previsto. La segunda corresponde al marco jurídico que regula la actuación de los órganos públicos cuando, durante el ejercicio de sus funciones, conocen antecedentes que eventualmente pueden requerir la intervención de otras instituciones del Estado.
La determinación de si, en un caso concreto, existieron o no deberes legales específicos, si éstos fueron cumplidos o cuál es su alcance corresponde a los organismos competentes y, en definitiva, a las instituciones encargadas de aplicar el derecho. El aporte de los audios permite reconstruir la secuencia de las conversaciones y contextualizar el momento en que un procedimiento administrativo comenzó a desenvolverse en un escenario distinto al originalmente previsto.
Análisis de los audios
Los registros de audio reconstruyen una inspección por pozos de agua realizada a finales del mes de febrero de 2026 y que derivó en el hallazgo de un cultivo de cannabis y abrió un debate sobre el deber de denuncia que la legislación chilena establece para determinados funcionarios públicos.
De acuerdo con la información proporcionada para esta investigación, con posterioridad a estos hechos el funcionario informó a algunos integrantes del concejo municipal que dejaría de prestar servicios en el municipio, pero no informó de la plantación. Tiempo después fue reincorporado y, hace un par de semanas, volvió a ser desvinculado. Esos antecedentes corresponden a hechos posteriores a las conversaciones analizadas y forman parte del contexto general del conflicto.
Los registros permiten seguir la secuencia de los hechos desde la llamada telefónica inicial hasta la reunión presencial, donde el funcionario explica nuevamente el procedimiento realizado y la autoridad expone sus criterios respecto de la continuidad del trabajo en terreno.
Hay procedimientos que terminan exactamente donde fueron planificados. Otros cambian de naturaleza antes de concluir. En estos hechos, una inspección destinada a localizar pozos de agua terminó convirtiéndose en una conversación sobre instrucciones, jerarquías y el alcance de las decisiones que deben adoptarse cuando un funcionario encuentra, durante el ejercicio de su trabajo, algo completamente distinto de aquello que salió a buscar.
Todo comenzó con una tarea aparentemente rutinaria. El encargo consistía en recorrer un asentamiento para identificar antiguas norias y levantar información que permitiera proyectar un sistema de abastecimiento de agua. Para cumplir esa labor, el funcionario explica que utilizó un dron como herramienta de apoyo. No buscaba otra cosa que entender la geografía del lugar: saber dónde estaban los pozos, cuánto terreno los rodeaba y cómo podía planificarse una futura intervención.
Pero el paisaje mostró algo más. Mientras el dron registraba el terreno apareció un cultivo de cannabis. El funcionario tomó fotografías y asegura que las envió únicamente a la primera autoridad de La Cruz, Filomena Navia. Desde ese instante, el objetivo original de la inspección comenzó a diluirse.
La primera reacción no ocurrió en una oficina. Llegó por teléfono. La conversación comienza con una pregunta sobre por qué el funcionario no contestó el teléfono. Inmediatamente después, la autoridad dirige el diálogo hacia el uso del dron y cuestiona quién autorizó esa forma de realizar el levantamiento.
El funcionario responde explicando que utilizó el dron para identificar la ubicación de los pozos, sosteniendo que desconocía su emplazamiento y que esa herramienta le permitía cumplir el encargo.
Desde el punto de vista del análisis conversacional, aquí aparecen dos versiones sobre el alcance de la instrucción recibida.
Autoridad
«¿Qué pasó que no contestaste el teléfono?»
Funcionario
«Es que estaba guardando el dron.»
Autoridad
«¿Y quién te mandó a hacer el levantamiento con dron?»
Funcionario
«No, pues yo lo fui a hacer porque necesitaba ver la ubicación de los pozos, porque yo no sé la existencia de esos pozos.»
Autoridad
«¿Y por qué no me preguntaste a mí eso y yo te hubiera llevado la dirección? Que vaya con dron y voy hasta allá para que la gente después diga que los ando sapeando, Jorge.»
«¿Por qué haces tareas que yo no te pido?»
Funcionario
«Pero es que usted me dijo: haga el levantamiento del tema de los pozos y eso es lo que estaba haciendo.»
Autoridad
«¿Dónde dije eso?». En este tramo ambos interlocutores mantienen posiciones distintas respecto del trabajo encomendado. El funcionario afirma que recibió instrucciones para realizar el levantamiento de los pozos y sostiene que el uso del dron fue un medio para cumplir ese objetivo.
La autoridad responde que esperaba un trabajo en terreno sin utilización de esa herramienta y diferencia entre identificar pozos e identificar plantas de marihuana.
Funcionario
«Usted me lo dijo por teléfono y me lo mandó, y me lo dijo el otro día por teléfono que necesitaba ayuda con eso.»
Autoridad
«Pero no, Jorge. Yo no necesito que la gente ande trabajando con drones. Yo necesito que la gente vaya a terreno como hago yo, que camine.»
«Que vaya, compense con la gente… Eso necesito yo.»
«Yo te mando a identificar los pozos, no te mando a identificar matas de marihuana.»
«Porque yo no me voy a quitar la gente encima de la 28 de Marzo si fui yo la que estuve el sábado en la noche.»
«¿Tú sabes lo que significa eso?»
En esta parte el funcionario intenta explicar nuevamente el contexto del trabajo realizado antes de recibir una llamada de atención. La autoridad interrumpe esa explicación y reafirma que, a su juicio, el funcionario debía seguir sus indicaciones.
La conversación termina con la decisión de continuar el diálogo en una reunión presencial. Reunión que fue grabada por el funcionario, la cual revisamos íntegramente.
Desde un análisis de contenido, aquí se observa un intercambio jerárquico con desacuerdo sobre la ejecución de una instrucción y con un cierre unilateral de la conversación.
«Alcaldesa, antes de que me empiece a llamar la atención, usted debería escucharme.»
Autoridad
«No. Antes de eso, tú deberías escuchar las indicaciones que yo te doy.»
Funcionario
«Pero si lo hice, usted me dio la indicación de hacer el levantamiento.»
«Sí, fui a terreno y tengo un video que lo demuestra.»
«Pero déjeme hablar, no me está dejando hablar.»
Autoridad
«Hablamos en la oficina con otra persona enfrente porque ya de verdad que tengo problemas contigo.»
«Nos vemos en la oficina.»
La autoridad preguntó quién había autorizado el uso del dron y cuestionó que el levantamiento se hubiera realizado de esa manera. El funcionario respondió que necesitaba ubicar los pozos y que esa era precisamente la tarea que entendía haber recibido. La conversación avanzó rápidamente hacia otro punto: el hallazgo realizado durante la inspección.
La diferencia entre ambos ya no parecía estar en la existencia de los pozos. Estaba en la interpretación de la misión.
Mientras el funcionario insistía en explicar cómo había desarrollado el recorrido, la autoridad marcaba una distinción entre el objetivo del trabajo y el resultado inesperado que había arrojado ese recorrido. El diálogo terminó sin acuerdo y con una decisión práctica: continuar la conversación cara a cara.
En la reunión posterior, el funcionario reconstruyó nuevamente el procedimiento. Volvió a describir el recorrido, el uso del dron y el envío de las fotografías. También explicó una dificultad concreta: uno de los pozos que debía evaluar se encontraba, según su relato, dentro del mismo predio donde había observado el cultivo ilegal. La pregunta ya no era únicamente cómo recuperar una fuente de agua. También era cómo continuar una intervención pública cuando el terreno ofrecía un escenario distinto al esperado.
Las conversaciones muestran que la reunión nunca quedó atrapada en un solo tema. Mientras se hablaba del hallazgo, también se discutían motobombas, sistemas de riego, planificación territorial, distribución de cuadrillas y prioridades municipales. Era como si dos agendas distintas intentaran avanzar al mismo tiempo: la del proyecto hídrico y la del hecho inesperado que había surgido durante su ejecución.
Hay un segundo elemento que atraviesa silenciosamente toda la conversación.
El funcionario describe un escenario de trabajo marcado por cambios de jefatura, instrucciones distintas y una sensación de incertidumbre respecto de sus funciones. Dice haber pasado por varios directores, recibir órdenes diferentes y haber tenido dificultades para saber exactamente cuál era su responsabilidad. La autoridad responde anunciando una reorganización de sus funciones, explicando cómo entiende el trabajo de un funcionario a contrata y asignándole nuevas tareas dentro de la estructura municipal.
Leídas en conjunto, las conversaciones no solo reconstruyen un episodio administrativo. También muestran cómo una decisión operativa puede cambiar el curso de un procedimiento. La inspección nunca dejó de tratar sobre el agua; simplemente comenzó a tratar también de otra cosa.
Y es precisamente ahí donde la historia adquiere interés público.
No porque los audios entreguen respuestas definitivas —esa no es su función—, sino porque permiten observar el momento exacto en que un procedimiento técnico se enfrenta a un hecho imprevisto y obliga a replantear el curso de la conversación. Lo que comenzó buscando pozos terminó abriendo preguntas sobre el funcionamiento de una organización, la comunicación entre sus funcionarios y la forma en que un hallazgo inesperado puede alterar el desarrollo de una tarea para la cual nadie parecía estar preparado.
Este es probablemente el pasaje más importante sobre su situación laboral. «Sabe qué, alcaldesa, eso a mí igual últimamente me ha preocupado mucho el tema de cómo me han peloteado. Y se lo digo así en confianza. He pasado por lo menos por tres directores.»
«He pasado por el administrador. De todos recibiendo indicaciones distintas. Hoy día recién tengo una claridad de lo que tengo que hacer. Entonces, para mí ha sido complicado trabajar así. Ha sido complicado, por ejemplo, en el camino y no me voy a poner a dar nombres, pero lo he pasado mal en algunas circunstancias cuando me entero de reuniones que tienen que ver con el agua cuando ya están en acción.»
En este pasaje el funcionario manifiesta depender de varias jefaturas; haber recibido instrucciones distintas; no tener claridad sobre sus funciones; haber experimentado dificultades laborales; y sentirse excluido de reuniones relacionadas con el área donde trabajaba.
En ese sentido, la autoridad señala «Bueno, yo espero que ahora que va a tratar de que contraten… Ser contrata significa hacer autogestión… Ser contrata significa hacer gestión y traer gestión para la comunidad y para ponerla al servicio de la institución. Yo por ahí, pues con ese enfoque evaluaba a los funcionarios.»
«Yo busco funcionarios que me digan: ‘Alcaldesa, este es el problema que tenemos’. Yo me voy a quedar con el problema… voy a empezar inmediatamente a mirar alternativas de solución… Porque yo jamás te voy a pedir una cuestión que no puedas hacer. En ese sentido soy súper, súper consciente de lo que les pido, ¿sabes?». De esta forma explica: cómo entiende el rol de un funcionario a contrata; cuál es su forma de evaluar el desempeño; y qué espera del trabajo de sus colaboradores. Luego de esto hace referencia directa a la relación contractual. Durante el diálogo en persona que mantiene con el funcionario, en presencia de un tercero, la alcaldesa dice: «Pero lo que me saca de la casilla es que pido una cuestión y es como que quedan ahí… Ahora ya entiendo lo que tú me has dicho que tiene que ver con la relación contractual que aquí no pescan. Y partí de esta conversación diciéndote que yo lo comprendo. Yo ahora te reconozco esa debilidad y te doy una contrata y ahora no me voy a molestar ni con esa excusa.»
Este diálogo incorpora referencias explícitas a el eventual cambio a una contrata; la situación contractual del funcionario; y las expectativas que la autoridad asocia a esa nueva condición. Inmediatamente después de este punto de la conversación pasa a definir el nuevo rol del funcionario.
Autoridad
«Qué eso se formalice. Ahora hay que mandarle un correo a todos los directores, decirles que finalmente Jorge… se va a hacer cargo de estas tareas.»
Luego enumera nuevas responsabilidades: fiscalizar el cumplimiento de los trabajos; garantizar el riego de áreas verdes; asumir funciones relacionadas con el sistema de riego. De los pozos nada.
Y concluye:
«Te voy a dar estas tareas específicas para que no te pierdas de eso.» Este pasaje muestra que la conversación evoluciona desde la situación contractual hacia la asignación formal de funciones y responsabilidades específicas para el funcionario.
Durante la mayor parte de la conversación el funcionario insiste en explicar por qué estaba allí y cuál era el objetivo de su trabajo. «Necesitaba saber cuántos metros de cerro existen ahí, cómo va a proyectar el área verde y por eso hice el levantamiento con drone.»
El hallazgo aparece dentro del relato como una consecuencia del levantamiento territorial y no como el objetivo de la inspección. Luego hace una afirmación muy precisa:
«Tiré el punto geo-referencial, pero cuando yo tiré el punto geo-referencial, justo en esa casa es donde yo le mandé la foto. Sí. Solo a usted se la he mandado.»
Desde el análisis del discurso, esta frase tiene importancia porque el funcionario introduce espontáneamente una precisión que nadie le había preguntado: afirma que las fotografías fueron remitidas únicamente a la autoridad.
No dice simplemente que tomó fotografías. Tampoco dice que las compartió con otras personas. Hace énfasis en el destinatario: «Solo a usted”. Es una precisión que parece destinada a explicar el circuito que siguió la información después del hallazgo. La respuesta inmediata es breve: «Sí, no hagas nada con eso.»
Desde una perspectiva de análisis conversacional, resulta llamativo que la respuesta no gira sobre: si las fotografías existen; si el funcionario realmente observó las plantas; si el lugar estaba bien identificado. La conversación continúa dando por supuesto que ambos saben de qué están hablando.
Luego aparece una explicación. Unos segundos después desarrolla su idea: «No, no voy a entrar en eso porque yo… mi rol no es perseguir la delincuencia, ni menos perseguir a una persona que tiene una mata de marihuana…»
En términos discursivos, aquí cambia el foco. Ya no se habla del hallazgo. Se habla del rol institucional que la autoridad entiende que le corresponde desempeñar. Tras esto, el funcionario vuelve al problema técnico y no insiste sobre las plantas. Su preocupación vuelve al proyecto hídrico y pregunta: «¿Pero cómo hago uso de esa noria si está dentro de ese terreno donde están todas las plantas de marihuana?».
Al parecer era un capítulo cerrado, sin embargo, quién habría hecho circular los audios y las fotografías que llegaron hasta este medio de comunicación fueron realizadas por quien sería hoy, un ex funcionario de la Municipalidad de La Cruz. La única certeza es que una autoridad que postula a un cargo de elección popular y es electa ostenta una responsabilidad superior que el resto de la ciudadanía. En esa línea, es el interés público lo que nos lleva a mostrar la maraña.