Fundación Fuerza Ciudadana solicita una investigación especial y que el organismo de control instruya directamente un sumario administrativo para esclarecer la actuación de la alcaldesa y de funcionarios municipales tras los antecedentes revelados por Revista Letra C.
La investigación exclusiva de Revista Letra C sobre el hallazgo de un presunto cultivo de cannabis durante una inspección municipal en la comuna de La Cruz continúa generando repercusiones. Esta vez, la Fundación Fuerza Ciudadana presentó una denuncia administrativa ante la Contraloría Regional de Valparaíso, solicitando que el organismo fiscalizador investigue la actuación de la alcaldesa Filomena Aída Navia Hevia y de todos quienes pudieran tener responsabilidad administrativa en los hechos conocidos públicamente.
La presentación, ingresada bajo la figura de una denuncia administrativa, solicita que la Contraloría admita el requerimiento, ordene una investigación especial y, además, instruya directamente un sumario administrativo, argumentando que la investigación involucra a la máxima autoridad comunal, lo que hace necesario garantizar independencia e imparcialidad durante el proceso.
La investigación periodística que originó la denuncia
El documento toma como principal antecedente la investigación publicada por Revista Letra C el pasado 3 de agosto de 2026 bajo el título «Buscaban agua y encontraron un cultivo de cannabis que nadie habría denunciado».
En esa investigación se reveló que funcionarios de la Municipalidad de La Cruz realizaban una inspección destinada a localizar pozos o fuentes de agua cuando, utilizando un dron municipal, detectaron lo que aparentemente correspondía a un cultivo de cannabis al interior de un predio.
Según los antecedentes publicados por este medio, las imágenes obtenidas durante ese sobrevuelo habrían sido enviadas directamente a la alcaldesa Filomena Navia. Además, un registro de audio conocido por Revista Letra C daría cuenta de una conversación entre la autoridad comunal y el funcionario que operó el dron, cuyo contenido ahora es uno de los principales antecedentes que la Fundación solicita que sean verificados por la Contraloría.
En su presentación, la Fundación aclara que corresponde al organismo fiscalizador determinar la autenticidad, contexto y alcance de esos registros, así como establecer qué decisiones adoptó posteriormente la autoridad municipal.
Las preguntas que busca responder la investigación
Más que formular conclusiones, la denuncia plantea una serie de interrogantes que, a juicio de la organización, deben ser aclaradas mediante una investigación administrativa.
Entre ellas se encuentran conocer qué antecedentes recibió efectivamente la alcaldesa; cuándo tomó conocimiento de las imágenes; qué instrucciones impartió posteriormente; si existió comunicación con la asesoría jurídica del municipio o con organismos de seguridad; y si los antecedentes fueron derivados oportunamente a alguna institución competente.
Asimismo, el escrito solicita establecer si existía un eventual deber de denuncia por parte de funcionarios públicos, si la actuación de las autoridades se ajustó a los principios de juridicidad y probidad administrativa, y si hubo cumplimiento de los protocolos de custodia de registros e imágenes obtenidas durante una actividad oficial.
Respecto del supuesto cultivo observado por el dron, la propia denuncia precisa que la sola apariencia de las imágenes no permite afirmar que se tratara de un cultivo ilegal, ya que la legislación contempla autorizaciones específicas. Por ello, solicita que la investigación determine objetivamente esa circunstancia.
Solicitan resguardar toda la evidencia
Uno de los capítulos más extensos de la presentación corresponde a las diligencias que la Fundación pide ordenar desde el inicio de la investigación.
Entre ellas destacan la conservación inmediata de los registros del dron, fotografías originales, metadatos, planes y bitácoras de vuelo, teléfonos institucionales, correos electrónicos, mensajería, órdenes de trabajo y cualquier otro antecedente relacionado con la inspección realizada por funcionarios municipales.
Además, solicita que se requiera información al Ministerio Público, Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones para verificar si alguna autoridad municipal efectuó una denuncia relacionada con estos hechos y, de existir, conocer la fecha y el número de registro correspondiente.
La denuncia también propone que se tome declaración al funcionario identificado públicamente como «Jorge», a las personas que participaron en la inspección y a quienes recibieron las imágenes o intervinieron posteriormente en la toma de decisiones. Asimismo, solicita revisar los antecedentes laborales del trabajador para descartar cualquier eventual represalia derivada de los hechos investigados.
Piden que Contraloría instruya directamente el sumario
En el petitorio, la Fundación Fuerza Ciudadana solicita que sea la propia Contraloría quien dirija el procedimiento disciplinario y no el municipio, atendido que la denuncia involucra a la alcaldesa de La Cruz.
Asimismo, pide que, si durante la investigación se establece responsabilidad administrativa, los antecedentes sean remitidos al Concejo Municipal para los efectos previstos en la legislación vigente. Del mismo modo, solicita que, si aparecen hechos que pudieran revestir caracteres de delito, estos sean enviados a la autoridad competente para su conocimiento.
Con esta presentación, el caso deja de estar circunscrito exclusivamente al ámbito periodístico y pasa a conocimiento del principal órgano de control de la administración pública.
La admisibilidad de la denuncia y las decisiones que adopte la Contraloría Regional de Valparaíso marcarán el siguiente paso de una investigación que se originó tras la publicación de Revista Letra C y que ahora busca establecer, mediante un procedimiento administrativo, si la actuación de las autoridades municipales se ajustó o no a la normativa vigente.
Mientras ello ocurre, corresponde recordar que la denuncia presentada constituye una solicitud de investigación y que será la Contraloría la encargada de determinar, con base en los antecedentes que reúna, si existen o no responsabilidades administrativas en este caso.