Foto: El querellante Marcelo Gaete Rojas durante audiencia de medidas cautelares, Juzgado de Garantía de Quintero.
Sergio Jalaff Sanz, junto a su socio Álvaro Bas González, habrían usurpado un terreno de 5,8 hectáreas en Puchuncaví, un predio perteneciente a la familia calerana Gaete Rojas.
Por: Elizabeth Vergara Carrasco.
5,8 hectáreas usurpadas y subdivididas irregularmente en 41 sitios que están siendo vendidos en más de 100 millones de pesos cada uno en el sector de Maitencillo. Esa es la nueva acusación que pesa contra Sergio Jalaff Sanz. Una usurpación que estaría siendo perpetrada junto a su socio Álvaro Bas González y el hijo de este último, el arquitecto Cristian Bas Silva.
Una querella criminal patrocinada por el abogado Rodrigo Julián Xavier Martínez Angulo, la cual ya está siendo perseguida por la Fiscalía y tramitada en el Juzgado de Garantía de Quinteros. La querella también va en contra del jefe de la Dirección de Obras la Municipales, DOM, de Puchuncaví, Eduardo Ortiz Silva, quien habría autorizado el loteo solicitado por los querellados sin acreditación del título de dominio vigente del predio.
Foto: Juzgado de Garantía de Quintero, Fiscal junto al abogado Martínez Angulo en audiencia de medidas cautelares.
«Álvaro Bas y Sergio Jalaff, a través de su representada Inmobiliaria JB SPA se apropiaron indebidamente del predio denominado Las Trancas de la comuna de Puchuncaví, creando artificialmente una inscripción a nombre de ellos sin causa legal ni objeto jurídico legal. La propiedad denominada Las Trancas data desde el año 1949, inscrita en el conservador de bienes raíces de Quillota y posteriormente, en el conservador de bienes raíces de Quintero, y en virtud de la cual la sucesión Gaete es la dueña de dicho predio», explica el abogado Rodrigo Martínez Angulo. Agrega que «la proyección o prognosis futura debiera ser que el Tribunal de Garantía y Letras de Quintero, conociendo de la causa civil, ordene la restitución del inmueble a la Sucesión Gaete Rojas y ordene las cancelaciones de las inscripciones a nombre de JB y terceros».
Lo que buscan ahora, que la querella ya fue acogida, es que se decreten medidas cautelares para impedir que se continúe con la venta de los sitios y con la edificación de casas. Sin embargo, Sergio Jalaff y Eduardo Ortiz no han sido notificados de la querella y de la citación para revisar medidas cautelares, por lo que el lunes pasado, por segunda vez se suspendió la audiencia de revisión de medidas cautelares.
Marcelo Gaete Rojas, uno de los herederos del predio en disputa y querellante de esta causa, dice que “es urgente que la justicia impida que se continúe con la venta nuestra propiedad, en su momento yo fui a encarar al director de la DOM, pero no quiso atenderme, él sabía que mi familia es la dueña del predio, pues desde el año 1949 los terrenos nos pertenecen”.
Una lucha legal que lleva varios años, pues en 2017 iniciaron una acción civil, donde en 2023 debieron cambiar de abogado y para los efectos contrataron al abogado Martínez Angulo; quien además le recomendó tomar acciones penales para acelerar los procesos, así iniciaron el 2024 una querella criminal. Esto último con el fin de impedir que vendan todos los lotes y sean más las personas involucradas en este lio, pues de los 41 sitios que ofrece la página web de Parque Maitencillo solo quedan dos sin vender. En ese sentido, es urgente para esta familia que se decreten medidas cautelares.
En tanto, los compradores ya están haciendo sus casas, en su mayoría son segundas viviendas. Se puede observar por el satélite que hay a lo menos 7 casas edificadas. Acá aparece una nueva arista, estás construcciones son ofrecidas a los compradores de sitios por una segunda empresa, Black Mari Limitada. Un negocio adicional al loteo, pues esta empresa pertenece al hijo del socio de Jalaff, el arquitecto Cristian Bas Silva.
Ahora el negocio no son solo las 3.500 UF que cuesta cada lote de 1.000 metros cuadrados en el Parque Maitencillo, al entramado de la Inmobiliaria JB, se suma la empresa Black Mari Limitada.
Se espera que pronto se citen a declarar a quienes compraron los sitios, pues es una de las diligencias encargadas por la parte querellante y que ya habría sido instruida a la Policía de Investigaciones de Chile.
HISTORIA DE UNA USURPACIÓN
Por el año 1949 don Evaristo Gaete Rodríguez compró varios predios en el sector de Puchuncaví, por esos años los terrenos de ese sector estaban inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Quillota. Estos dominios fueron pasando de generación en generación, hasta que comenzaron los problemas.
Primeramente, los conflictos vinieron producto del mal asesoramiento que la familia Gaete Rojas recibió de parte de Bienes Nacionales, pues a través del Contratista Eugenio San Román Courbis iniciaron una solicitud de título de dominio por formularios a la Seremi de Bienes Nacional, una acción innecesaria pues el dominio ya estaba inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, solo debían modificar la circunscripción, pues ahora debían ser trasladados desde Quillota a Quintero.
Pero no fueron los únicos mal asesorados, fueron varios los propietarios que hicieron trámites errados o innecesarios, por lo mismo es que en abril de 2012 se instruyó un sumario en contra de San Román dado los reiterados reclamos recibidos en su contra, así que en 2014 la sanción fue expulsarlo como contratista de Bienes Nacionales. Una situación que llevó al servicio público a pedir disculpas a la familia Gaete Rojas por los problemas surgidos. Sin embargo, las dificultades han escalado y coincidentemente el predio estaría usurpado por una inmobiliaria que habría tenido conocimientos previos sobre los conflictos emanados por el mal trabajo del asesor del gobierno. Pues ha sido el argumento de defensa de Jalaff y Bas en la acción civil seguida en su contra, sin embargo nunca han presentado certificado de dominio vigente que acredite que la inmobiliria es la propietaria, pues el conservador de bienes raices de Quintero tiene a la familia Gaete Rojas registrada como los dueños del predio en disputa.