Por V. Vera
Siguiendo con nuestro análisis de la propuesta de ley que hiciera al Congreso el presidente Kast, abordaremos los siguientes apartados:
Racionalización del proceso de evaluación ambiental: como estamos al tanto el Sistema de Evaluación Ambiental (SAE) comprende diversas normativas que, a su vez, se articulan en otros tantos servicios o instituciones públicas. Está en el meollo del asunto prevenir o anticipar eventuales riesgos que surjan de algún proceso productivo que, estropeen o deterioren el medioambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. El SAE mira diversos procesos productivos y de desarrollo en toda el área de eventual territorialidad: urbano, rural, minero, lacustre, marítimo, cursos de río, humedales, Etc.
Como es fácil suponer, los procesos asociados suponen diversos “visto bueno” para dar el pase al emprendimiento de que se trate. Ha habido – no pocas – quejas, en el sentido de ser un proceso lento, con muchos pasos en servicios diferentes, cuestión que encarecería la faena por deber pagar costosos estudios y propuestas de mitigación, además de demorar el eventual inicio de obras y, en ocasiones, enfrentar un rechazo a la iniciativa y recibir los inversionistas un palmo en la nariz.
Durante años, diversos actores de la plaza expresaron la necesidad de mejorar el SAE, algunos más entusiastas que otros; pero, había cierto consenso en señalar espacios de mejora en la ley.
Ni corto ni perezoso, el Ejecutivo considera una modificación estructural completa: desde los pasos de ingreso al sistema, etapas (fuertemente ajustadas hacia la brevedad) evaluativas para su aprobación pronta para favorecer el ciclo virtuoso de la sana economía y, sobre todo – le encanta esto al Ejecutivo – instalar la certeza jurídica que, esencialmente contribuiría al incentivo de la inversión.
Infortunadamente para el gobierno, el apasionamiento le ha jugado en contra, al comentar, por ejemplo: por un naranjillo (Citronella Mucronata) se ha puesto en entredicho el desarrollo económico del país (para indicar que la presión medioambiental por proteger al citado árbol autóctono de Chile, en riesgo de extinción, sería como mucho); también, minusvalorando el trabajo científico que, “no produce puestos de trabajo”; en fin.
Lo cierto es que la propuesta de modernización del SAE resulta ser a todo evento, para decir algo: considera resarcir al emprendedor si el proyecto, finalmente, resulta rechazado, esto es: multas que pagaría el Estado en favor del emprendedor (esto resulta ser muy innovador, incluso eliminando el riesgo que supone toda empresa para ser tal, una especie de subsidio al emprendedor fallido); reducción drástica de los tiempos de tramitación, con preeminencia del plazo cumplido antes que el fondo o fin del tema así, en el caso de descubrirse efectos insospechados en el inicio del estudio se aplicaría el “pasó la vieja” puesto que no se hizo el planteamiento al inicio; en el caso de haber emprendimientos anexos en “la misma territorialidad” no se exigirían otras evaluaciones, puesto que la primera aplicaría como un paraguas permisivo a cualquier faena ulterior o concatenada a la primera; le quita autoridad resolutoria al SAE, en cuanto la ratio decisoria sería la Corte de Apelaciones de Justicia.
Racionalización en la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales: Los ajustes se proponen a propósito de que, en ocasiones, los permisos sectoriales para invertir se detienen habida cuenta de hallazgos de interés arqueológico o patrimonial.
De manera análoga al caso SAE, se propone acortar fuertemente los plazos “a veinte días corridos” para pronunciarse al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) pasado el cual el emprendedor podrá continuar sus faenas. En el caso de “intervenciones menores” bastará un simple comunicado de aviso electrónico con aprobación automática para el emprendedor. La idea expresada es que el CMN pueda concentrarse en “piezas de mayor valor”, facilitando tanto la inversión privada como el desarrollo de infraestructura pública.
Los dos procesos mencionados en esta nota apuntan a privilegiar el desarrollo económico por sobre la protección medioambiental (en el SAE) y patrimonial (en el CMN).
Como es de suponer, ambas cuestiones implican perspectivas controversiales y, a menudo, antagónicas entre sí.
Veremos en qué acaba esto. Por lo pronto, el Ejecutivo “no está ni ahí” con las indicaciones hechas por la oposición – las más – y por parlamentarios de gobierno – ok, las menos, pero igual las hicieron – ajustándose a su estilo, el gobierno se aferra a la votación con fecha se suma urgencia e, inclusive algunos simpatizantes de la administración de gobierno han mencionado, como quien dice, para salpimentar el asunto: solo pondremos a discusión las indicaciones del lado del presidente Kast.
En un tema completamente distinto: ayer, 13 de mayo se cumplió un aniversario más del gran terremoto de Santiago, hecho acontecido en el año 1647 y donde, infortunadamente, se estima que falleció el 25 % de la población de la ciudad.
La tierra siempre se mueve, las fuerzas políticas también.
Quedamos para otra cita de análisis. No se pierda el próximo capítulo.